Click acá para ir directamente al contenido

Viernes 7 de julio de 2006

Cuerpo IM realizó ejercicio de desminado humanitario

Imprimir artículo A+ A-

Imagen foto_00000003Valparaíso. Servicio de Relaciones Públicas de la Armada. Con el fin de educar a la sociedad en el tema de los campos minados, el Cuerpo de Infantería de Marina realizó el viernes 07 de julio un ejercicio de desminado humanitario en el campo de entrenamiento del fuerte Félix Aguayo, ubicado en Concón.

Imagen foto_00000001Tras la ratificación por parte de nuestro país de la Convención de Ottawa, Chile se ha avocado a la materialización del acuerdo en dos áreas principales: una es el desminado propiamente tal, en el cual las FF.AA. tienen la responsabilidad de mantener la señalética y los campos minados cerrados, mientras la segunda responde al ámbito civil, a prevenir por medio de la información, para que la sociedad identifique los campos minados como zonas de alto riesgo.

Bajo esta premisa, la Armada de Chile presta un apoyo fundamental a la hora de poner en práctica este compromiso. Así lo subraya el Asesor de la Comisión Nacional de Desminados, Capitán de Navío IM Noel Balaresque Walbaum quien destaca el trabajo de los Ingenieros de Combate de la Marina, que son los que aprenden las técnicas para realizar un desminado humanitario. Para estos fines, se cuenta con un campo minado simulado, con las marcas internacionales correspondientes.

Imagen foto_00000002Por su parte, el Director del Centro de Información en Zonas Minadas, Elir Rojas Calderón destacó que "para nosotros como organizaciones civiles de observación de cumplimiento de la Convención es importante verificar el estándar en el cual está trabajando la Armada, el que valoramos y calificamos como muy bueno. Esto significa que la Marina está capacitada y certificada por organismo internacionales para desenvolverse en otros escenarios que no sean necesariamente chilenos".

El propósito del desminado humanitario es el traspaso del suelo militar a la sociedad civil, lo que significa que el Estado debe garantizar al máximo el porcentaje de limpieza de los campos minados para la población.